«Y si se trata de hablar del acceso a la carrera judicial, hablemos, pero estaría bien verlo también desde otra perspectiva y huir de los tópicos de un bando y de otro. Unos, la derecha política y judicial, obsesionados en conservar las esencias patrias identificadas, en lo que se refiere al acceso a la carrera judicial, con la arquitectura tradicional de acceso: memorización, oposición, centralización, preparadores amigos del tribunal de oposición. Un sistema que apela a los principios de mérito y capacidad, pero que perpetúa una casta judicial que nos ha traído al desastre actual. Y los otros, la progresía judicial y fiscal, que quiere colar por la ventana del cuarto turno a los suyos no para cambiar nada, sino únicamente para expulsar a los que ya están, para expulsar a los demás. Nosotros creemos que los debates como los de hoy son estériles si no se va a la raíz del problema. Por eso, nada mejor que ir a Europa. No solo porque Europa nos ha dado la razón y nos la da constantemente, sino porque encontramos modelos de justicia conectados con los principios democráticos y sociales del siglo XXI, que contrastan con el tribalismo de la justicia española. Por ejemplo -y no es la primera vez que lo digo-, a nosotros nos gusta el modelo alemán de acceso a la judicatura: un itinerario formativo extenso, prácticas remuneradas, evaluación continua y experiencia en juzgados, en fiscalías y en despachos profesionales antes de acceder a la carrera. Un modelo que, por cierto, deja en mal sitio a los que se llenan la boca con el tópico de que España es el país más descentralizado de Europa, porque nosotros creemos que uno de los males -quizás el peor- es el centralismo extremo en todas las capas de la justicia española. Pues bien, en Alemania son los länder los que tutelan la formación de los jueces y los que se encargan de la prueba final para acceder a la judicatura. Por eso, mientras no seamos un Estado independiente, Cataluña tiene que tener una Administración de Justicia propia en la que el conocimiento del derecho propio, de la realidad institucional y de la lengua catalana no sean una anécdota, sean un requisito, sean una obligación. Esto, aunque parezca extraño, es perfectamente posible, están las bases jurídicas para hacerlo, lo que no hay es voluntad política.»

Fragmento 8 de 9 de esta intervención.