«Señorías, la Constitución habla de igualdad, mérito y capacidad, y nosotras queremos tomarnos en serio las tres cosas. No creemos que la capacidad para ejercer de juez o jueza pueda medirse exclusivamente por la capacidad para memorizar y cantar cientos de temas. Un juez no trabaja recitando una ley de memoria; tiene que interpretar, argumentar, valorar hechos y pruebas contradictorias, escuchar y decidir. Todo eso exige efectivamente muchísimo conocimiento jurídico, pero también exige capacidad de análisis, razonamiento, criterio, comprensión de la realidad social y capacidad para relacionarse con todas las personas que entran por el juzgado. La memoria es una capacidad, señorías, pero no es, ni mucho menos, la medida del resto de capacidades. Por eso nuestra propuesta sobre la escuela judicial parte de idea completamente diferente. No creemos que la formación pública deba empezar cuando ya hemos hecho toda la selección. Hoy en día, durante años, el Estado prácticamente desaparece de la preparación de quienes quieren ser jueces. Todo esto queda, en buena medida, en manos privadas. Solo cuando una persona ya accede a la oposición, aparece el Estado y comienza la formación pública. Nosotras queremos revertir esa lógica, que la formación pública forme parte del propio proceso de acceso: una formación teórica y práctica, evaluación continuada y, después, un proceso selectivo exigente que permita valorar conocimientos y capacidad.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.