«Señorías, todo esto del acceso a la carrera judicial importa por algunas cosas más. La democracia española transformó profundamente muchas de las instituciones del Estado, pero el Poder Judicial lo transformó un poquito menos. Llevamos décadas con un sistema de acceso extraordinariamente cerrado, basado en años de preparación individual -en buena medida privada, como ya he dicho- y en el que quienes ya forman parte de la carrera judicial preparan a quienes aspiran a entrar en ella. Eso no es inocuo. Las instituciones también construyen culturas, las transmiten, las reproducen, y cuanto más cerrado es el mecanismo de entrada, más difícil es cambiar esa cultura. Señorías, esto no es una discusión abstracta. La semana pasada una comisión judicial ejecutó el desahucio de Maricarmen, y, ante una situación como esta, tenemos que preguntarnos también cómo administra justicia nuestra justicia. Claro que jueces y juezas aplican la ley, pero aplicar el derecho no es apretar un botón. Hay interpretación, hay ponderación y decisiones procesales, hay posibilidades de suspensión y aplazamiento previstas por nuestro ordenamiento. De hecho, el propio procedimiento de Maricarmen tuvo lanzamientos anteriores que fueron aplazados judicialmente. (Aplausos). Nadie nadie nadie interpreta la realidad desde el vacío, por eso, cuando hablamos de uno de los poderes del Estado, importa qué experiencias vitales, qué realidades sociales y qué formas de ver el mundo están presentes. Queremos una judicatura que conozca también esas vidas, porque el derecho se aplica sobre la vida de la gente, sobre quien pierde un empleo, sobre quien no puede pagar el alquiler y sobre una mujer de 87 años que acaba saliendo en camilla de un piso en el que ha vivido setenta años por un desahucio.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.