«Cuando hablamos del precio de la energía, a menudo hablamos de mercados, costes, precios mayoristas o beneficios empresariales, pero creo que tenemos que empezar hablando de las familias y de la gente que deberíamos estar representando, porque detrás de cada subida de la luz, del gas, de los carburantes, hay una familia que tiene que hacer números para llegar a final de mes; una familia que paga la hipoteca o el alquiler, que tiene que hacer la compra, que tiene hijos, que tiene que pagar el transporte para ir a trabajar y que, cuando llegan facturas más altas, no tiene mucho margen para recortar. Y eso es lo que creo que debemos poner en el centro de este debate, porque la energía no es un lujo, sino un bien esencial. Es encender la calefacción en invierno, es poder cocinar, es tener la nevera en funcionamiento, es poder ir a trabajar y poder mantener un hogar en condiciones dignas. Según las últimas estimaciones, la inflación ha superado el 4 % por primera vez desde abril de 2023. El aumento se debe principalmente al precio de los combustibles, pero también al gas y a la electricidad. La moción lo recoge: cuando la energía sube, no solo sube la factura de la luz; también sube el coste del transporte, el coste de producir y el de distribuir alimentos y, en definitiva, sube el coste de la vida. Es un ejemplo claro de efecto de segunda ronda de inflación. Por lo tanto, esta es una cuestión que afecta a toda la sociedad, pero no la afecta de la misma manera. Una familia con pocos ingresos no puede absorber una subida de 50 o 100 euros al mes de la misma forma que una familia con una renta elevada. Y aquí es donde tenemos que poner esta mirada de izquierdas, porque cuando un bien esencial se convierte en un gasto que muchas familias no pueden asumir, no podemos limitarnos a decir que tienen que ahorrar más o que tienen que ver dónde gastan y dónde no. Tenemos que preguntarnos cómo funciona el sistema y quién está asumiendo el coste de esta situación.»

Fragmento 5 de 8 de esta intervención.