«Gracias, presidente. Esta mañana nos hemos despertado con esperanza al constatar que la lucha de Maricarmen, la de los centenares de personas que acampan en la Puerta del Sol y la de los miles de personas que llevan años manifestándose por el derecho a una vivienda digna y asequible, se materializaba en dos reales decretos que nos acercan un poco más a la consecución de este derecho constitucional. Unas normas que desarrollan una serie de medidas que abordan algunas de las prácticas que han derivado en una crisis de la vivienda que se percibe como el principal problema de la ciudadanía de este país. Por lo tanto, sí, la política sirve, si bien es cierto que necesita de la movilización social, de conquistar calles y plazas, para que esta reaccione con la contundencia necesaria para frenar fondos buitre y especuladores como Urbagestión, que mercadean con un derecho fundamental. (Aplausos). Y hoy, también hoy, nos hemos levantado con la información de que la inflación sube hasta casi el 5 % debido al aumento del precio de los carburantes. O, dicho de otra manera, debido a la guerra ilegal de Trump y Netanyahu en Irán y a las empresas del oligopolio energético, que aprovechan para especular con el precio del barril y se forran a costa de la gente. Y estas empresas tienen nombre: Repsol y Moeve, multinacionales españolas que han multiplicado sus beneficios por cuatro respecto al año anterior. En los seis primeros meses de 2025 ganaron 285 millones de euros. Ahora, en 2026, con la guerra, han ganado 2847 millones durante el mismo periodo: 2000 millones más gracias a la guerra. ¿Y quién los paga? La gente, la ciudadanía. El aumento del precio del barril repercute en los costes de producción de las empresas, lo que produce una subida general de los precios, especialmente en los alimentos, que son un bien básico en todos los hogares y que tienen mucho más peso en las familias con menos ingresos. También repercute en el precio de la gasolina, en el transporte, en cómo nos movemos.»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.