«Gràcies, presidenta. Gracias, señoría, por su pregunta. La respuesta es clara: la protección a los ciudadanos para hacer frente a las consecuencias de una guerra que, como usted bien dice, ha sido una guerra buscada por otros y un sinsentido, no puede recaer sobre quienes ya soportan la mayor dificultad por el aumento del coste de la vida. No deben pagarla, por lo tanto, las familias trabajadoras, los pensionistas, los autónomos ni las pequeñas empresas. Debe contribuir quien más capacidad económica tiene, como establece la Constitución, y deben realizar un esfuerzo especial aquellos sectores que, en contextos de crisis, obtienen unos beneficios extraordinarios. Este es el principio que guía la política fiscal del Gobierno: justicia, progresividad y responsabilidad. Quien más tiene, más debe contribuir, y en eso estoy seguro de que estamos de acuerdo. Por eso hemos creado nuevas figuras tributarias, por ejemplo, sobre determinados servicios digitales, la conocida como la tasa Google; sobre transacciones financieras, inspirada en la tasa Tobin; el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas; el gravamen temporal energético; el impuesto a la banca, o la subida del IRPF a las rentas altas superiores a 300 000 euros. Hemos creado nuevos impuestos sobre actividades que estaban insuficientemente gravadas; hemos exigido una contribución adicional a los bancos, multinacionales y grandes empresas que se lo podían permitir por el margen de beneficios que tenían; y hemos reforzado la tributación a grandes patrimonios. El contrato social, señoría, que defiende el Gobierno es que ninguna crisis vuelva a convertirse en una transferencia de rentas de la mayoría trabajadora hacia una minoría privilegiada. Gracias. (Aplausos).»