«Desde hace más de una década, es la Comunidad Autónoma de Galicia donde más casos nuevos de silicosis se registran al año, entre un 33 y un 47 % de los nuevos casos anuales detectados en todo el país. Estamos ante un problema grave en origen, que no se soluciona con la jubilación anticipada de trabajadores enfermos de por vida o con la incapacidad permanente. El abandono prematuro de la vida laboral debe combatirse en todos los ámbitos por motivos evidentes. En primer lugar, por supuesto, por la salud de las personas que trabajan, por sus familias y por la propia actividad económica. Y es especialmente relevante poner de manifiesto este punto, porque ningún trabajador debería tener que decidir entre su trabajo y su salud. (Aplausos). La mayor virtud que puede tener una norma es que sea fruto del consenso a través del diálogo social y del acuerdo mayoritario de esta Cámara. El Gobierno, en el ámbito de la Seguridad Social, ha afrontado reformas de gran calado en la pasada legislatura siguiendo este método, y así va a continuar siendo en este nuevo periodo legislativo. Las recomendaciones del Pacto de Toledo, aprobadas ampliamente por las Cortes, pusieron de manifiesto la necesidad de mejorar el marco normativo para favorecer la identificación de aquellos trabajadores y trabajadoras que realicen actividades caracterizadas por la especial penosidad, peligrosidad o insalubridad en cualquier industria. Esta recomendación quedó plasmada en la Ley 21/ 2021, de garantía de poder adquisitivo de las pensiones, a partir de ahí, se está procediendo a la adaptación del marco regulador establecido en el posterior real decreto, estando pendiente de información y audiencia pública.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.