«El hecho insular se debe compensar, tal como recoge la Constitución, y nosotros trabajamos intensamente para que ello se lleve a cabo, pero para esto no es necesario crear una nueva comisión, que ya sería la número treinta y nueve. Además, aprovecho para preguntarles cuántas comisiones más van a crear en estos acuerdos que tienen todos ustedes. Es para hacernos una idea, porque cada una nos cuesta, como mínimo, 29 500 euros al mes. Lo digo porque, si vamos multiplicando, al final va a haber una comisión por cada diputado. Contrólense porque es un gasto absurdo. (Aplausos). Nosotros apostamos por crear una subcomisión en Política Territorial para tratar la cuestión extrapeninsular -en esa comisión ya creada se puede tratar- y no solo la insularidad. Porque, ¿qué pasa con Ceuta y Melilla? ¿Creen que no deben solucionarse los efectos negativos que sufren estos territorios, sus gentes, por ser, precisamente, extrapeninsulares? Bueno, pues nosotros creemos que sí. (Aplausos). Además, para tratar los efectos negativos de la insularidad ¿por qué no analizan también qué han hecho los gobiernos autonómicos con sus amplias competencias? Porque aquí todo es protestar y muchos de ustedes dicen: Madrid es quien lo está haciendo mal, ¿pero y los gobiernos autonómicos? Les voy a dar unos datos referidos a Baleares, que conozco muy bien, y que desmontan su relato victimista: durante estos últimos veinte años, las Islas Baleares han pasado de ser la comunidad peor tratada por el sistema de financiación, con diez puntos por debajo de la media, a ser una de las mejores tratadas, con unos diez puntos por encima de la media. Esto ha supuesto poder ir engordando los presupuestos autonómicos. ¿Han utilizado esta abundancia presupuestaria para mejorar el bienestar de los ciudadanos? No, al revés. Además, han seguido endeudándose: en Baleares hasta 9500 millones de euros, y empeorando los servicios públicos. Es decir, ustedes utilizan el presupuesto para mejorar el estado de bienestar de los políticos, no el de los ciudadanos, que es lo que pretenden hacer también con esta nueva comisión. (Aplausos). Además, el ejemplo de Baleares es importante. En los últimos gobiernos de la señora Armengol, mientras decía que Madrid nos robaba -por cierto, desde que es la tercera autoridad del Estado ya no lo dice-, esta contaba con más de doscientos cargos políticos y más de cincuenta y seis empresas públicas. ¿Quién pagaba esta fiesta autonómica insular? Todos los ciudadanos que no pueden llegar a final de mes a los que ustedes intentan engañar diciéndoles que están pasándolo muy mal porque están mal financiados o por culpa de la insularidad, y no es solo eso. Por cierto, llama la atención que todos los firmantes de la solicitud de creación de esta comisión son los que nunca han hecho nada, por ejemplo, para equiparar los horarios y mejorar los complementos de los funcionarios de la Administración General del Estado destinados en las islas, funcionarios que huyen de las islas porque no pueden pagarse ni una vivienda. ¿Y los perjudicados quiénes son? Los ciudadanos que tienen más inseguridad y servicios públicos colapsados por falta de personal. (Aplausos). Todos los firmantes de la solicitud de la creación de esta comisión sobre insularidad son los causantes de otra barrera que ahuyenta a trabajadores del sector privado y añade otro motivo para que los funcionarios no soliciten Baleares como destino: la imposición del catalán como única lengua de enseñanza y el requisito excluyente para poder acceder a la Función pública. Ustedes no lo dicen, pero nadie quiere ir a trabajar allí.»

Fragmento 2 de 2 de esta intervención.