«Esto entronca con el siguiente bloque, el que contiene la Ley de Función pública. En la motivación ustedes repiten que hay que culminar un proyecto de Administración del siglo XXI, y es loable y es un objetivo compartido. Pero no será una Administración moderna si las empleadas públicas no tienen el derecho a la negociación colectiva, y hoy este decreto ley demuestra que no lo tienen. En la motivación también hablan de que vamos a tener un sistema de Función pública coherente y completo. A lo de coherente yo no les pongo pega, los sindicatos sí se la están poniendo porque no han negociado las normas de Función pública. Pero lo de completo sí se lo discuto, porque queda mucho que hacer en esta materia, y esperamos que en esta legislatura se puedan dar debates serios sobre qué Función pública queremos en el futuro. Porque no se puede hablar de Administración del siglo XXI mientras haya colectivos de empleadas públicas precarizadas, como las auxiliares de ayuda a domicilio, o colectivos injustamente tratados como los CCAE, y no sigo nombrando más, porque la lista de colectivos pendientes de solución podría ser eterna. Por eso no habrá un sistema de Función pública coherente y completo hasta que la precariedad y las situaciones discriminatorias no sean desterradas de nuestra Administración pública. Respecto a las medidas de las entidades locales, diré que son concretas y algunas inciden en la garantía de prestación de servicios públicos, pero este decreto no va a resolver los problemas estructurales que tiene nuestra Administración local.»

Fragmento 2 de 2 de esta intervención.