«Con la venia de la Presidencia. Señorías, el Gobierno nos presenta para su convalidación un nuevo real decreto ley, y ya van más de ciento cuarenta en cinco años, y eso que el señor presidente del Gobierno criticaba a presidentes anteriores -decía él- por el abuso de la utilización de esta figura. Pues bien, ya ha batido todos los récords, ya es el presidente en la historia democrática de España que más reales decretos leyes ha aprobado; podríamos darle ya a este Gobierno el título de los reyes, no del rock and roll, sino de los decretos leyes. Este real decreto ley modifica numerosas normas, justifica las razones de extrema y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución en que se adoptan medidas que vienen recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en que, de no ser aprobadas, se perdería el abono, hablan aquí, de 10 000 millones de euros de fondos europeos. Decía hace unos momentos el señor ministro en su presentación que todas y cada una de las medidas -decía él, todas y cada una de las medidas- que se recogen en estos reales decretos leyes afectan a millones de españoles. Pues bien, en este en concreto hay medidas que afectan a muy poquitos. En la parte final de ese real decreto ley se vuelven a colar cosas, como acostumbra este Gobierno en todos los reales decretos leyes, que nada tienen que ver con la exposición de motivos, que nada tienen que ver con estas medidas del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y que nada tienen que ver con la justificación de las razones de extraordinaria y urgente necesidad a que hace referencia, como dije antes, el artículo 86 de la Constitución. Así, en la disposición adicional segunda se vuelve a introducir la cuestión de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional de las provincias vascas, sometiendo su regulación a la normativa autonómica. Esta cuestión ya se introdujo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 y fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por mi grupo parlamentario. En consecuencia, reiteramos nuestra oposición frontal a esta disposición que, como pueden comprobar, no afecta a millones de españoles, afecta a un colectivo muy concreto y provoca una desigualdad y un desequilibrio en el resto de territorios regionales de nuestro Estado español.»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.