«Además, en la redacción del real decreto ley se utiliza el lenguaje no sexista; bueno, ahora se llama lenguaje inclusivo. Utilizan el desdoblamiento innecesario, que estorba, molesta y dificulta la comprensión e incomoda la lectura. Y como siempre que hacen esto, meten la pata. Se utilizan expresiones como juez y jueza, letrado y letrada, procurador y procuradora, ciudadanos y ciudadanas, abogados y abogadas, pero luego, por ejemplo, en el artículo 10, al regular los servicios en las sedes judiciales electrónicas, se indica que tendrán obligatoriamente un ejemplar de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Y los derechos de las ciudadanas ante la justicia, ¿dónde están?, ¿dónde quedan? Claro, a mí me entra la duda de si esto es un error o está hecho a conciencia, porque, dentro de estos mantras neofeministas de izquierda radical que asume este Gobierno, igual es que están pensando que las mujeres no precisan de una carta de derechos porque están por encima de todo esto. Claro, como yo desconozco hasta dónde llega esa ideología tan extrema, puede ser que digan que la carta delimita los derechos de los varones ante la justicia pero las mujeres no tienen que tener delimitado por una carta sus derechos ante la justicia. Por, tanto, puede ser que no sea un error y que esté hecho a conciencia. También llama la atención la nueva redacción que se da al artículo 155 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en su punto 1 habla de procurador y procuradora y en su punto 2 solo de procurador. Nos vuelve a entrar la duda de si es un error o es que el punto 2 no quiere aplicarse cuando se trata de procuradoras. O el 18 de la jurisdicción social, donde, dándole nueva redacción -insisto-, se habla de abogado, procurador, graduado social pero en el mismo párrafo se habla de letrado o letrada de la Administración de Justicia. Y así podríamos seguir mencionando muchísimos artículos más.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.