«Señorías, buenos días. Feliz año. Comparezco ante esta tribuna del Congreso de los Diputados en el Senado para exponer el contenido del Real Decreto ley 7/2023, por el que se acomete la simplificación y la mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, así como completar la transposición de la Directiva 2019/1158, de conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores. En estos tiempos -permítanme decirles- de constitucionalismo impostado, voy a comenzar esta intervención leyendo, literalmente, el artículo 41 del texto constitucional. Dice así, señorías del Partido Popular: 'Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente -dice este precepto- en caso de desempleo.' Este artículo, señorías, se ocupa ni más ni menos que de la Seguridad Social, la columna vertebral de la protección social de nuestro país y, de manera singular, de la protección pública por el desempleo. Y aunque se encuadra en el capítulo de los principios rectores económicos de nuestro país, no se trata de una referencia programática, genérica o sin contenido. Muy al contrario, el Tribunal Constitucional ha declarado de manera reiterada en nuestro país... (Rumores).»