«Permítanme hablarles de algunos lugares comunes, de algunos mantras. El primero: dicen las señorías y los think tanks económicos de la ortodoxia neoliberal en nuestro país que las prestaciones y los subsidios por desempleo desincentivan la búsqueda del empleo. ¿Me quieren decir ustedes que en mi comarca la gente está en paro porque les gusta? También dicen esos mantras y lugares comunes que las personas desempleadas tienen serios problemas de empleabilidad. Y también dicen esos lugares comunes y esos mantras que el Estado gasta demasiado -y de esto les gusta hablar a algunas personas en nuestro país- en políticas pasivas -hablan de políticas pasivas cuando se refieren a las prestaciones públicas por desempleo- y que, además, deberíamos dedicar más recursos públicos a las denominadas políticas activas de empleo. En definitiva, estos tópicos, señorías, consisten en una única cosa: culpabilizar del problema del desempleo, que es de la sociedad española, a las propias personas desempleadas o a un sistema de protección social que -dicen algunos- es excesivamente generoso. (Aplausos). Permítame, presidenta, hacer algún tipo de consideración a este respecto. En primer lugar, señorías, les rogaría que técnicamente nos expresásemos bien, porque es una enorme incorrección técnica hablar de políticas pasivas de empleo cuando ustedes se refieren a las prestaciones públicas por desempleo e, insisto, en contraposición permanente al concepto de políticas activas de empleo. Señorías, la protección por desempleo no es una política de empleo. Dickens lo entendió muy bien, señorías, y el informe Beveridge, más. La protección por desempleo no es una política de empleo, es un derecho constitucional reconocido en el artículo 41 y, por cierto, no tiene ni la misma función ni obedece competencial o financieramente a los mismos criterios de la política pública de empleo de un país. (Rumores.-Pausa).»

Fragmento 6 de 6 de esta intervención.