«Pero, señorías, no solo ampliamos los colectivos que tendrán derecho a este subsidio, sino que ampliamos la cuantía del subsidio por desempleo, que se incrementa hasta los 570 euros en nuestro país, pasando de los 480 euros al mes. Por otra parte, se simplifica notablemente la gestión de los subsidios en lo referido a la solicitud, al nacimiento y la dinámica de los mismos. Entre ellos, y muy importante, es que eliminamos aquella penalización que obligaba a las personas desempleadas a estar un mes desprotegidas para poder acceder al subsidio. Una vez más, acabamos con la lógica de la estigmatización de aquellas personas que, queriendo trabajar, no podían hacerlo. No tenía sentido que las penalizáramos teniendo que estar un mes sin ninguna protección social. Se amplía a seis meses el plazo de solicitud, lo que permite optar durante ese periodo por la búsqueda de empleo sin necesidad de solicitar el subsidio en plazos perentorios. Suprimimos en la mayoría de los subsidios el doble requisito de carencia de rentas, las propias y las de la unidad familiar, para el reconocimiento de los subsidios, de modo que se consideran las rentas propias del solicitante o bien las rentas de la unidad familiar. Además, tanto el requisito de rentas como el de responsabilidades familiares se acreditará mediante una declaración responsable, estos días tan en boga, verificándose estos datos con posterioridad. El reconocimiento inicial y sus prórrogas no será mensual, como hasta ahora. ¿Recuerdan ustedes lo que suponía para un parado o una parada tener que renovar mensualmente, pasar por la oficina de desempleo como una especie de castigo? Pues esto también desaparece en el real decreto que tenemos hoy (aplausos), por supuesto mejorando los derechos de los desempleados, pero permítanme también decirles que eliminando cargas burocráticas a los servicios públicos, a la Función pública de nuestro país.»

Fragmento 6 de 10 de esta intervención.