«Les daremos algunas de las razones que ustedes tienen desde hace semanas encima de la mesa, porque hay que enmendar los reales decretos y hacer que el trabajo se haga de manera consensuada, porque ustedes no tienen mayoría. Con estos reales decretos se retrocede a nivel de financiación y se consolida el café para todos. Y no parece que ustedes estén dispuestos a negociar mejoras para Catalunya sin haberlas hecho extensivas al resto de las comunidades autónomas, obviando así la singularidad y las necesidades específicas de Catalunya. Estamos aquí para cambiar la relación entre Catalunya y España, no para perpetuarla, y ustedes saben perfectamente que nuestros votos están al servicio de los ciudadanos de Catalunya y al servicio del progreso de nuestro país. No están ni a su servicio ni al servicio del reino. Sigo. Lo que no pueden hacer ustedes es vender a los ciudadanos que presentan un real decreto con medidas sociales y esconder las trampas, por ejemplo, cuando siguen compensando por detrás a las grandes eléctricas españolas y condicionado los presupuestos generales del Estado con una partida de 100 millones de euros. Algunas de las propuestas que les hemos hecho en Junts, por ejemplo, es no subir la factura de la luz ni del gas, porque no se puede seguir apretando ni a las familias ni a las pymes. También hemos propuesto que la patronal catalana, por tanto, el tejido empresarial y productivo de Catalunya, esté representada en la toma de decisiones que nos afectan, como, por ejemplo, las medidas del Real Decreto 7/2023, que acaba de defender la vicepresidenta. Hoy, no se contempla la representación catalana. En cambio, sí que están representadas otras comunidades autónomas. Junts hemos propuesto también que no se incremente el impuesto especial sobre la electricidad, porque todos estos incrementos quienes los acaban pagando son las familias y las pymes. En 2017, el Partido Popular intentó, otra vez, perjudicar la economía catalana con un real decreto y con la ayuda del rey. Fueron pocas empresas, es cierto, pero hay que dejar constancia de que lo que se hizo de mala fe en 2017, ahora se revierte, ahora se repara. Por lo tanto, hay que reforzar los artículos 9 y 10 de la Ley de Sociedades de Capital, que dicen que las empresas han de tener su sede allí donde tienen la actividad mayoritaria. Hay que garantizar que se cumpla la ley. Aquellas empresas catalanas que cumplan la ley deben poder tener incentivos fiscales, porque ya toca que se dediquen fondos a las pequeñas y medianas empresas catalanas que, hasta ahora, han estado muy apretadas. Junts también ha puesto sobre la mesa que, si el transporte público tiene que continuar siendo bonificado, quien lo tiene que pagar no es Catalunya y el Estado español, sino que lo tiene que asumir de manera íntegra el Estado español. Y se tiene que pagar porque, a pesar de meses de grandes titulares, hoy en día ustedes no han pagado la bonificación de 2023, y eso no puede continuar haciéndose así.»

Fragmento 8 de 10 de esta intervención.