«Dicho esto, el acuerdo que hoy el Gobierno somete a debate y votación somete estos objetivos de estabilidad presupuestaria: deuda pública, el límite de gasto, la financiación del Estado, el techo de gasto, así como ha dicho la vicepresidenta hoy de manera reiterada no se aprueba como tal, y también otro punto acumulado a este, que es el plan de reequilibrio. Es cierto que los equilibrios se han flexibilizado ligeramente respecto al programa de estabilidad enviado el pasado mes de abril a Bruselas, pero también es cierto que ustedes presentan un plan de reequilibrio extremadamente exigente una vez más con el resto de administraciones, y absolutamente laxo con la Administración estatal. Claro, gobernar así, dirigir así no solo es fácil, sino extremadamente descarado. Si me hablan de comunidades autónomas y ayuntamientos, les recuerdo que son precisamente estos territorios -los pueblos, las ciudades, los micropueblos- las auténticas víctimas de su ley de estabilidad, las auténticas víctimas. Es una ley que alguien debió pensar -no sé si muy hábilmente o no- para sanear las administraciones que tenían problemas, en este caso financieros, pero también en una ley que a la vez ha supuesto un lastre y también un freno absoluto a las grandes transformaciones, todas ellas dignas y necesarias en pleno siglo XXI. Es vital, pues, que la Administración estatal reflexione. A nuestro entender, es vital que vuelva a pensar el marco de estabilidad presupuestaria. Lo tienen que simplificar, tienen que eliminar, sin duda, la carga burocrática. Es imprescindible desburocratizar a nuestros ayuntamientos, y sobre todo es caudal poder facilitar la inversión pública tanto en las comunidades autónomas como en las corporaciones locales, sobre todo en ámbitos estratégicos como la reindustrialización.»

Fragmento 11 de 13 de esta intervención.