«Voy terminando, presidente. Por tanto, es necesaria la protección del orden constitucional, algo que la propia Constitución, en el artículo 22, establece. Prevé que las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito sean ilegales; es decir, el Código Penal, como ustedes bien conocen o debieran conocer, desde hace años desarrolla esta previsión constitucional y prevé -sí, prevé- la disolución de una persona jurídica si es responsable de la comisión de determinados delitos. Por lo tanto, no parece extraordinario que si se atenta contra el orden constitucional, también se pueda disolver o suspender a instancia de los jueces. También es oportuna la recuperación del delito de convocatoria de referéndum ilegal. Además, les diré algo, señores del Partido Socialista: Si no existe esa amenaza por parte de sus socios, ¿cuál es el temor a aprobar todo esto, si además lo prometió el propio Pedro Sánchez en el año 2019? (Aplausos). También es oportuno que tenga un reproche penal que cargos políticos y de la Administración promuevan...»