«Hasta hoy identificamos a este colectivo con la expresión disminuidos (hace el gesto de comillas con los dedos), terminología muy retrógrada en nuestra realidad social y jurídica actual. La expresión correcta que utiliza nuestro ordenamiento actual y aceptada como válida por el propio sector y por la Convención de las Naciones Unidas, es la de personas con discapacidad. Esta reforma da respuesta a una demanda de la sociedad civil y es fruto del empeño y la exigencia del movimiento social de la discapacidad, liderado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, a los cuales saludo hoy en esta Cámara y les doy las gracias por la encomiable labor que hacen. (Aplausos). Señorías, asisto a este debate ilusionado, muy ilusionado, porque esta modificación concierne al lenguaje. Importa que en nuestra Carta Magna se designe a las personas con discapacidad, como digo, de manera digna y justa; pero también es esencial por lo que supondrá, pues se recogerá explícitamente que las personas con discapacidad tendrán el derecho constitucional de exigir a los poderes públicos políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social, expresamente en entornos universalmente accesibles, atendiendo particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad. De ahí la importancia que tiene esta proposición de reforma constitucional. Hoy echaremos abajo una barrera más para alcanzar la tan ansiada igualdad y también nos dignificará como sociedad, porque las palabras que empleamos importan. La manera en la que identificamos a un colectivo afecta a su identidad y a su autoestima, pero también nos define a quienes la empleamos.»

Fragmento 4 de 7 de esta intervención.