«Aun así, no puedo dejar de apuntar dos cuestiones capitales para Junts per Catalunya. La primera, en términos de salud mental. La salud mental, que es la más estigmatizada de las enfermedades, sigue adoleciendo de un enfoque demasiado paternalista. Faltan disposiciones basadas en los derechos humanos y no existen estrategias específicas para garantizar la protección ante la discriminación y el maltrato. En las Cámaras, los discursos son siempre impecables. Hoy lo están siendo. Sería necesario que la obra legislativa y de Gobierno también lo fueran. Además, tal y como critica el mismo Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas en su último informe periódico sobre España, todavía existen políticas que se basan en modelos biomédicos cuando la convención, de hecho, refiere a un modelo social; es decir, que reconoce las discapacidades en relación con los impedimentos y las barreras del entorno social y, especialmente, en relación con la discapacidad derivada de la comúnmente conocida como enfermedad mental. Y esto debe cambiar. Pero vamos a coincidir en que para extender resultados exitosos, como el modelo pionero que se está desarrollando en Gerona y que hoy no tengo tiempo de explicar, hacen falta recursos, recursos que los catalanes generamos pero que se van a Madrid y no vuelven. Esta es la segunda cuestión a la que quisiera referirme. Los gobiernos españoles no cumplen nunca con Cataluña, ni siquiera en lo que determinan sus propias leyes. Hoy me estoy refiriendo a la ley de dependencia, que además de ser inconstitucional, porque invade competencias de Cataluña, no determina la financiación adecuada para poder aspirar a un sistema real de inclusión e igualdad de oportunidades para los catalanes con discapacidad. Es imprescindible que el Gobierno cumpla, como mínimo, con el espíritu de la ley de dependencia de sufragar por mitades España-Cataluña las necesidades íntegras de este colectivo. En cambio, el Estado solo financia el 18 % de las políticas para la dependencia en Cataluña ante el 82 % que asume el Gobierno catalán. Esto no es admisible porque, obviamente, constituye un agravio para las administraciones catalanas pero, ante todo, es una vergüenza y una injusticia para con todos los catalanes con discapacidad. Muchas gracias.»

Fragmento 10 de 10 de esta intervención.