«Como todos bien sabemos, la Constitución española solo se ha reformado dos veces. La de hoy, la tercera, es la primera reforma social de nuestra Constitución. La de hoy es una reforma que muestra que una amplia mayoría de nuestro país quiere que avancemos en igualdad y en justicia social. La de hoy es una reforma que inicia una senda, la de los avances sociales y la de la ampliación de derechos; un camino que SUMAR defenderemos firmemente y que seguiremos transitando. Hoy no solo eliminamos o cambiamos un término hiriente; con esta reforma pasamos de una concepción paternalista y médico rehabilitadora de la discapacidad a una en la que se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos activos de derecho. El Estado reconoce su obligación de garantizar plena autonomía e inclusión de las personas con discapacidad. La Constitución recoge así los compromisos asumidos por la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y, además, como no podía ser de otra manera en 2024, la reforma incorpora una mirada feminista y una mirada desde y para la infancia; mujeres, niños y niñas, que han sido las grandes olvidadas en demasiadas leyes. Esta reforma implica también el imprescindible y merecidísimo reconocimiento del derecho a la participación de las organizaciones y asociaciones de las personas con discapacidad, porque, como decía, son ellas los artífices de esta reforma. Esta victoria les pertenece por su lucha incansable, por su lucha paciente frente al error y a la ceguera de quienes no hemos sido capaces de llegar mucho antes a un acuerdo. Y no solo les pertenece esta victoria. En los últimos años, gracias al intenso e incansable trabajo de sensibilización y de incidencia política de las personas con discapacidad y sus organizaciones, esta Cámara ha aprobado reformas legislativas para garantizar derechos y libertades tan básicas como el derecho al voto o la ilegalización de una práctica tan cruel e inhumana como era la esterilización forzada o no consentida de las personas con discapacidad, incapacitadas judicialmente, derecho a votar y derecho a decidir sobre sus cuerpos. Estos son derechos básicos en una democracia de los que las personas con discapacidad han estado excluidas hasta hace muy poco. Y hemos avanzado también en el ámbito laboral. Hoy son más de quinientas mil personas con discapacidad las que tienen un empleo, una cifra récord, a las que ha contribuido la reforma laboral. Pero aún queda trabajo. De los casi dos millones de personas con discapacidad en edad de trabajar que viven en España, tan solo el 27,8 % están empleadas.»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.