«Pero, señorías, hagamos un poco de historia de esta reforma, porque con ella llevamos ya casi seis años, y escuchar el pasado martes al Grupo Parlamentario VOX justificar su abstención diciendo que requeriría un debate más extenso de forma más seria, que con esta reforma el Gobierno quiere blanquear sus tropelías y hablar de coletilla porque el nuevo texto recoge atender específicamente las necesidades de las mujeres y los menores con discapacidad, en fin, no tiene nombre. (Aplausos). Es increíble su obsesión cuando se habla de la igualdad de las personas, y fundamentalmente de las mujeres. Lo que toma relevancia en la actualidad es el cambio de opinión del Partido Popular, y quiero ponerlo en valor. No pasa nada por ello si con esta decisión se mejoran las condiciones de vida de las personas. Pero hagamos ese relato cronológico para saber qué hemos hecho unos y qué han hecho otros, quién ha variado su posición en diferentes ocasiones, llegando incluso hasta bloquear durante años. En julio de 2018, la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el seno de la Comisión Constitucional habla de la normalización lingüística de la Constitución, coincidiendo con el diputado Xuclà: No se puede llamar disminuido a nadie. Octubre de 2018, comparecencia de expertos juristas, familias de personas con discapacidad y del CERMI para tratar el contenido del artículo 49. A finales de noviembre de 2018, en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad cerramos un texto de consenso. Reitero: cerramos un texto de consenso. En diciembre del mismo año, el Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de reforma, para lo que tiene en cuenta la propuesta que hizo dicha Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad y la participación directa del CERMI. En diciembre de 2020, el Senado debate una moción que insta al Gobierno a presentar en las Cortes Generales un proyecto de reforma del artículo 49. Fue aprobada por todos los senadores de todos los grupos políticos, a excepción de dos del Grupo VOX. En mayo de 2021, el Gobierno remite al Congreso de los Diputados dicha reforma. En septiembre de 2021, incomprensiblemente, el Grupo Popular se une a las tesis de VOX y presentan una enmienda a la totalidad de devolución y arguyen que la reforma constitucional propuesta por el Gobierno no es adecuada a los fines que persigue. O sea, ¿lo acordado con el colectivo de las personas con discapacidad, lo consensuado por todos en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, lo pactado con el propio Grupo Parlamentario Popular no era acorde con los fines perseguidos? VOX llegó a decir para justificar su no que el Gobierno no tenía legitimidad moral para abordar este debate, que esta reforma no cumplía ningún derecho para las personas con discapacidad, que era una modificación inidónea, ociosa y de mala técnica legislativa y que la alusión a los disminuidos no era acorde con los tiempos en los que nos encontrábamos, como tampoco otras cuestiones en la Carta Magna, que no deja de ser hija de sus tiempos y de sus circunstancias, llegaron a decir. Y la señora Borrego Cortés, del Grupo Popular, para justificar su no, dijo: Se quiere sacar rédito político por parte del Gobierno. Planteada sin consenso -¿de verdad sin consenso?-, de manera irresponsable, ni rigor jurídico tiene. El 12 de mayo abrieron ustedes un melón, porque el Gobierno de España había remitido a las Cortes Generales la reforma que le habíamos instado todos los grupos políticos.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.