«Seguramente, en estas reuniones, con nocturnidad y probablemente alevosía, se pactan la intensidad de los ataques, insultos y señalamientos ad hominem a magistrados honorables como el magistrado García Castellón, el cual se ha convertido en el muñeco a golpear (la señora Vidal Sáez: ¡Claro que sí, campeón!), como antes lo fue el instructor del golpe de Estado del 1 de octubre, el magistrado Llarena, o el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. En el Grupo Popular queremos escuchar al ministro Bolaños qué ha estado negociando con el separatismo, con delincuentes condenados y prófugos de la justicia. Queremos saber si cada ley o decreto que presentan a la Cámara tiene que pasar por la mesa de Puigdemont. Queremos saber si las sesiones de control al Gobierno tienen que ser autorizadas en Bruselas o en Ginebra, ya que es ahí donde parece que se decidan las líneas políticas de la actuación de cada ministro. Queremos saber si en la negociación está pactado que la vicepresidenta Ribera insulte a los jueces o que el diputado Pisarello acuse a la Audiencia Nacional de ser nido de corruptos y malversadores, o que desde la Presidencia de esta Cámara y de la Comisión de Justicia se consientan insultos a miembros del Poder Judicial. Queremos saber si el Gobierno se ha convertido en abogado defensor de investigados por terrorismo. Queremos saber si se ha pactado que se ponga a disposición del blanqueamiento a presuntos delincuentes de las instituciones, cuya misión es la defensa del Estado de derecho. Queremos saber si la humillante distinción entre terrorismo bueno y malo pactado en la ley de amnistía es la nueva línea argumental del desmontaje de nuestro Estado de derecho y si va a tener continuidad en posteriores reformas legislativas.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.