«Muchas gracias, señora presidenta. Los hechos que nos traen a esta solicitud de comparecencia son bastante evidentes. El grupo parlamentario 'juntos por el golpe' ha llegado a un acuerdo con el gran felón para abstenerse en la convalidación del Real Decreto 6/2023 a cambio de derogar el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, además de otras cosas como ceder competencias en materia de política de inmigración a Cataluña. Esto supondría nada menos que la claudicación del Gobierno de España ante los golpistas, el desprecio más absoluto al Estado de derecho, el menoscabo de la seguridad jurídica en España y en Europa y la inobservancia, sin duda, de los tratados de la Unión Europea y de los tribunales europeos. Espero que después de esto echen al prófugo de Waterloo. ¿Y qué dice el artículo 43 bis? Pues nada menos que los jueces y tribunales españoles tienen la potestad de elevar cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando consideren que hay dudas sobre la interpretación o validez de una norma. ¿Y qué pretende este pacto o esta derogación? Precisamente que no se pueda en ningún caso suspender los efectos de su ley reguladora del derecho al golpe de Estado, mal llamada ley de amnistía. Porque, en definitiva, es eso, que ningún tribunal español, en ejercicio de sus potestades, pueda suspender los efectos de esa ley del golpe de Estado. La derogación del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil -que, por cierto, no ha entrado ni siquiera en vigor, porque entra el 20 de marzo del 2024; va a ser la primera vez que se llega a un pacto de derogación de una norma que todavía no ha entrado en vigor- tiene tres objetivos evidentes: primero, eludir cualquier control judicial; segundo, blindar una ley claramente inconstitucional y contraria al derecho europeo y, tercero, garantizar la impunidad de los delincuentes. Pero es evidente para la inmensa mayoría de los españoles -y no hace falta que sean doctos en derecho- que nos encontramos ante cuatro evidencias palmarias: la primera, es el mayor acto de corrupción política desde que se aprobó la Constitución, nada menos que la compra de votos en el Poder Legislativo a cambio de robarle competencias al Poder Judicial, eso es una evidencia; la segunda, la legitimación de los delincuentes del golpe de Estado del 1 de octubre de 2017, lo que lleva aparejado la evidente deslegitimación de los jueces, del Tribunal Supremo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las víctimas de los golpistas; tercera, la destrucción del principio de igualdad de los españoles ante la ley, consagrado en el artículo 14 de la Constitución, porque se procede a proteger a los amnistiados de cualquier control judicial, y cuarta y última evidencia, se otorga la impunidad más absoluta a estos golpistas al no permitir que puedan ser investigados, procesados, juzgados, condenados y, en su caso, no pueda ser ejecutado lo juzgado y lo condenado. Ni siquiera se permite ya a los jueces poder elevar consultas interpretativas judiciales.»

Fragmento 1 de 2 de esta intervención.