«Lo que no entendemos, además, es que el Partido Socialista entre en ese juego, porque el Partido Socialista estuvo de acuerdo con todas esas medidas que se hicieron cuando se cambió la Ley de Sociedades de Capital por medio de un decreto en el 2017, precisamente para facilitar el cambio de domicilio de las empresas. Fue una modificación que ya se hizo también en 2015. Como saben ustedes, la Ley de Sociedades de Capital se modificó en el 2015 para que los consejos de administración tuvieran mayor capacidad de decisión para el cambio de domicilio de una empresa -en 2015-. Es decir, para que en un mundo cambiante, en un mundo globalizado, en un mercado que va cambiando constantemente y, sobre todo, para fomentar la unidad de mercado y que las empresas se puedan mover y se puedan radicar en cualquier sitio de España, el consejo de administración podía tomar esa decisión al margen de la junta general de accionistas. Porque el texto original de 2010 establecía que había que convocar a las juntas generales de accionistas para cambiar el domicilio; simplemente es un cambio a nivel burocrático para facilitar el movimiento. Se hizo un decreto, es verdad, en el 2007 para que ni siquiera hubiera que convocar a las juntas generales y se pudiera cambiar el domicilio social de las empresas. Pero vamos, es algo que ha defendido también el Gobierno del Partido Socialista en la anterior legislatura. De hecho, Meritxell Batet dijo además, en un momento dado, cuando planteaban ese cambio jurídico por parte de los secesionistas, que no se iba a modificar porque facilitaba el cambio de domicilio. Igual que se fueron empresas de Cataluña, si cambia el ecosistema en Cataluña y las empresas ven positivo cambiarse otra vez a la región de Cataluña, se podía cambiar el domicilio nuevamente. Igual que se fueron, podían volver. De igual manera también lo ha visto la señora Nadia Calviño.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.