«De todas maneras, este planteamiento es absolutamente absurdo en el momento en que leyéramos, por ejemplo, el artículo 138 de nuestra Constitución española que plantea directamente que 'el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español y atendiendo, en particular, a las circunstancias del hecho insular'. Y el punto 2 dice: 'Las diferencias entre los estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales'. Es decir, por parte del Estado no se puede ni siquiera plantear esto. Yo no sé cómo el Partido Socialista entra en este juego con los separatistas. Por lo tanto, en el acuerdo de investidura del PSOE y Junts se incluyó la vuelta a Cataluña de las empresas que habían cambiado su sede social desde el llamado proceso de independencia del 1 de octubre. Esto fue una consulta ilegal, un golpe de Estado, según planteamos, por ejemplo, nosotros, que fuimos acusación particular en un juicio en el que fueron condenados los señores de Junts y otros de Esquerra Republicana; y el señor Puigdemont, que salió en el maletero de un coche, que es el que gobierna en España desde Waterloo. Ahora, los señores de Junts quieren obligar a las empresas a mover su domicilio social a Cataluña de manera obligada; después de haber creado en Cataluña un sistema impositivo, un ecosistema del que han salido miles y miles de empresas de manera libre, porque eso es una cuestión que está garantizada por nuestra Constitución.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.