«Buenas tardes, señorías. Según datos del propio Banco de España, en el año 2023 había 45 174 cajeros en nuestro país; esto supone un 3 % menos que el año anterior y que estemos en mínimos históricos. Como bien expone la propia proposición de ley, esto hace que miles de personas de nuestro país queden en riesgo de exclusión financiera y que no tengan garantía de acceso a los servicios bancario, y muchas veces no tienen la alternativa que les puede dar, por ejemplo, la apertura de oficinas de Correos. Pero no solo afecta esta problemática a zonas rurales, y esto lo conocemos bien quienes vivimos en territorios fragmentados, como las islas Canarias o las Islas Baleares, donde a veces el pago de tributos o recibos, poder tener acceso a un extracto bancario o la simple retirada o ingreso de efectivo en un cajero se torna una misión imposible. Si a esto le sumamos que hay un sector de la población que tiene una brecha digital y dificultades con la tecnología, lo que les hace muy difícil poder acceder a estos servicios por métodos alternativos, tendríamos que reflexionar y pensar que es necesario ofrecer estos servicios a este sector de la población como un derecho, que es en lo que se tiene que convertir.»

Fragmento 1 de 2 de esta intervención.