«Si intentamos cuantificar el problema, el Banco de España y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas nos indican que a finales de 2022 la población sin ningún punto de acceso a servicios financieros en su municipio es del 1 %, es decir, unas 495 000 personas, la inmensa mayoría en municipios de menos de 500 habitantes. Pero la estadística tiene otra lectura, y es que para cada una de esas 495 000 personas el problema no es del 1 %, sino que el problema es del 100 %. Si bien el problema se ha venido acentuando en los últimos años y la regulación de las entidades financieras es una competencia del Estado, como pueden observar, el Gobierno ni está ni se le espera. Bueno, se le espera para cobrar, eso sí. Algunas entidades territoriales han querido actuar por la vía del acuerdo y la concertación con las entidades financieras. Por ejemplo, la Xunta de Galicia, con un programa impulsado en 2021 por el presidente Alberto Núñez Feijóo y puesto en práctica durante 2022 y 2023 por el presidente Alfonso Rueda, ha llevado a todos los concellos de Galicia a disponer de al menos un punto de acceso a servicios financieros. La verdad es que todos todos, no; algún concello por cierto, gobernado por el BNG- no quiso adherirse al convenio con la Xunta de Galicia.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.