«Llama la atención la excesiva orientación de la proposición hacia la solución del cajero automático y por ello creemos que debemos modificar la proposición en el sentido de añadir otras soluciones, como son las oficinas móviles, los agentes financieros, cajeros no bancarios, terminales de punto de venta en comercios, carteros rurales, que ya están implantados y funcionando en muchos municipios, o también mejorar la redacción, ya que, según el texto, un municipio con acceso a servicios financieros pero sin cajero automático se considera que es un municipio en riesgo de exclusión financiera y se le obligaría a instalar un cajero automático. Durante la anterior legislatura esta iniciativa llegó al Congreso vía Senado también a través de una proposición de ley de los grupos Junts e Izquierda Confederal, pero su tramitación en el Congreso se dilató más de ocho meses por la mayoría gubernamental de la Mesa. Esperamos que ahora no ocurra lo mismo ni que lo tenga que exigir Puigdemont en la negociación del próximo real decreto. Lamentablemente, vemos a este Gobierno y sus socios más ocupados en liberar de responsabilidades penales a unos cuantos independentistas que en ayudar a 495 000 personas de municipios rurales de España. Finalmente, esperamos que esta proposición de ley prospere para resolver el problema, pero que no se trate de una proposición de ley de venganza por los prejuicios que aquellos han demostrado hoy en esta tribuna. Gracias, señora presidenta. (Aplausos).»

Fragmento 4 de 4 de esta intervención.