«Hay unos consensos que deberían ser básicos, y son los que recoge esta ley: en primer lugar, cualquier demócrata debería tener claro que a un terrorista no se le puede homenajear; en segundo lugar, se debería tener claro que para cambiar de grado penitenciario debe quedar evidente el arrepentimiento, el perdón a las víctimas y el esclarecimiento de los crímenes que quedan sin resolver, y, en tercer lugar, que los familiares que no han podido resolver el crimen de sus familias tienen derecho a saber la verdad a pesar de que haya prescrito. Eso es precisamente lo que recoge esta ley, una ley que pretende dar instrumentos a las delegaciones del Gobierno para que impidan y prohíban los homenajes a etarras, los ongietorri, las concentraciones a favor de los presos y cualquier acto de apoyo o simbología. Y lo quiere hacer en un momento en el que los partidos que sustentan al Gobierno de España traen a este Parlamento una ley para que la apología del terrorismo deje de ser un delito en nuestro país, para eso traemos esta cuestión. Y se trata de clarificar también que en ningún caso se podrá progresar de grado penitenciario sin que se den los requisitos de arrepentimiento, colaboración con la justicia, mostrar signos inequívocos de haber abandonado los fines terroristas y una petición expresa de perdón a las víctimas. Y, por último, se añade una disposición adicional novena a la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, para ayudar a esclarecer los crímenes no resueltos de la banda terrorista ETA.»

Fragmento 5 de 7 de esta intervención.