Rafael Cofiño FernándezSumar
Diputado
«La propuesta que se hace en la moción tiene elementos claves que van contra los derechos humanos y hay elementos que van contra la evidencia científica que me gustaría reseñar. La cobertura sanitaria universal ha demostrado mejorar la salud de toda la población, ha demostrado ser un tractor económico y un elemento de cohesión social según Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud y la OCDE. Los mayores estudios que tenemos ahora mismo de cobertura sanitaria universal los tenemos en nuestro país. Hay un grupo liderado por el doctor Luis Gimeno en Aragón que tiene dos publicaciones muy interesantes, una en el año 2016 publicada en el BMC Public Health y otra publicada en el Journal International for Equity in Health. En las dos se señala que la cobertura universal no supone un incremento del gasto sanitario. Se evalúa en dicho informe que la población inmigrante en nuestro país no consume más recursos sanitarios, y pone un ejemplo en concreto. En el gasto en farmacia, mientras que el gasto medio de una persona autóctona es de 317 euros, el de una persona inmigrante regular es de 69 euros y el gasto medio en farmacia anual en datos brutos de una persona inmigrante irregular es de 8 euros. De hecho, el ejemplo que pone siempre el doctor Luis Gimeno es precisamente este, que en un área sanitaria teniendo en cuenta que tenemos una financiación capitativa-, cuanta más población sanitaria tengamos inmigrante irregular, sería un factor favorecedor para tener esa cobertura sanitaria. Hay estudios, además, publicados en Alemania, en Reino Unido y en Francia que dicen que realizar una actividad sanitaria específica, como se hace a veces en servicios de urgencias, sí es lo que produce un gasto sanitario.»
Fragmento 3 de 4 de esta intervención.