«Que adoptar una medida de este tipo resulta no ya oportuno, sino inaplazable lo revela el hecho de que de un tiempo a esta parte nuestro sistema democrático se está viendo atacado desde numerosos frentes, el más preocupante y el más condenable es el abierto por quienes estando obligados a la defensa del orden constitucional por su relevante papel institucional -alcaldes, diputados, consejeros, presidentes autonómicos- se sirven de esas posiciones y de las herramientas que el Estado les brinda -de símbolos, de competencias y de presupuestos- para atacar al propio Estado. Es más obvio todavía que adoptar una medida como esta resulta de una lógica aplastante si, como afirma el preámbulo constitucional, es la nación española la que en uso de su soberanía y deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y hasta proteger a todos los españoles y a todos los pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y de sus tradiciones, lenguas e instituciones, ¿qué sentido tendría dejar manos libres a quienes, desvertebrando a la nación española, acabarían en última instancia desmontando todo nuestro sistema de libertades? Porque nuestro sistema de libertades, señorías, no se entiende sin la piedra angular sobre el que este descansa, que es la Constitución, que, a su vez, no se entiende sin la piedra angular sobre la que descansa la Constitución, que es la mera idea de la nación española. (Aplausos).»

Fragmento 4 de 8 de esta intervención.