«Muchas gracias, señora presidente. Señor ministro, esta interpelación urgente, que ha presentado el Grupo Parlamentario VOX y que se dirige al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, insta para saber qué actuaciones está haciendo para garantizar la independencia del Poder Judicial. Es lo que podríamos decir una redacción formal desde un punto de vista parlamentario, pero, si le parece, vamos a dejarnos de eufemismos y vamos a dirigirnos con el lenguaje que vamos a entender todos, especialmente los españoles de a pie, los que están en la calle, los que soportan día a día a su Gobierno. Nos dirigimos al ministro profanador de tumbas, al ministro profanador del Estado de derecho y de la división de poderes, al ministro conseguidor de favores a golpistas, a separatistas, a delincuentes. Nos dirigimos para denunciar desde esta tribuna las actuaciones que ustedes están haciendo para controlar el Poder Judicial. Nos dirigimos al ministro de un gobierno que ha levantado el hacha de guerra contra el Poder Judicial, el lawfare, y lo hace mediante el más descarado de los intentos que se han hecho desde que se aprobó la Constitución. Han hablado sin tapujos en sus acuerdos de que había que establecer comisiones de investigación en esta sede parlamentaria para controlar a esos jueces y magistrados desafectos con su régimen sanchista. Un ministro de un gobierno que ha levantado la bandera de la impunidad para los delincuentes enemigos de España mediante todos los instrumentos habidos y por haber: los indultos, la amnistía, las concesiones parlamentarias y presupuestarias o la descarada compra de votos. Un ministro y un gobierno que no han tenido reparos en señalar y en permitir que sus socios señalen desde esta tribuna a jueces y magistrados declarándoles indecentes, personas que habrían de sentarse en el banquillo, ser juzgadas y cesadas. Un ministro y un gobierno que han llevado a cabo la más despiadada ruptura de la igualdad de los españoles ante la ley, consagrada en el artículo 14 de nuestra Constitución. Un ministro y un gobierno con nombramientos teledirigidos, como por ejemplo el de su ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que ha tenido que salir al paso de la Sala tercera del Tribunal Supremo anulando el nombramiento por desviación de poder, cuando la propuesta tenía en contra al propio Consejo Fiscal para que no pudiera ser nombrada fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Un ministro de un gobierno cuyo fiscal general del Estado fue nombrado con informe contrario del propio Consejo General del Poder Judicial y de las asociaciones de jueces y fiscales. Un ministro de un gobierno cuyo Consejo Fiscal está siendo controlado. Valga como ejemplo que aquella asociación, Unión Progresista de Fiscales, que no representa ni al 10 % de los fiscales, ha pasado de tener cuatro a diecisiete miembros de los treinta y nueve del consejo, es decir, con un 10 % de representación tiene un 40 % de puestos en el Consejo Fiscal. Un ministro y un gobierno que se han creído que España es una colonia y, por tanto, se permiten hablar de mediadores internacionales en sus pactos entre el PSOE y los separatistas de 'juntos por el golpe', y pretenden que haya un mediador internacional para supervisar a la colonia España sobre sus pactos y sus acuerdos sobre la amnistía a los golpistas, a los prófugos y a los delincuentes, y que hablan de tú a tú, en igualdad de condiciones, con un prófugo delincuente como es Puigdemont. Un gobierno que de la manita del Partido Popular se va a Europa y le pide al comisario de Justicia que actúe de mediador para ver si resuelven ese conflicto que tienen entre ustedes, que es saber cómo se siguen repartiendo el Consejo General del Poder Judicial los próximos años. (Aplausos). Y allí van de la mano el señor Bolaños y el señor Pons y le dicen al comisario: ¿Nos puede usted ayudar, que se nos han mezclado las piezas y ya no sabemos a quién le toca jugar la partida? ¿Quién mueve peones, quién pone alfiles, quién tiene torres? Nosotros creíamos que la última colonia que quedaba en Europa era la colonia de Gran Bretaña en Gibraltar sobre territorio español, pero ustedes siguen creyendo que España es una colonia que tiene que pedir mediadores internacionales. El ministro de un gobierno que ha aplicado un descarado fraude legislativo. Le recuerdo, por ejemplo, la reforma que llevaron ustedes en el año 2021 sobre el artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para suspender la facultad que tenía el Consejo General del Poder Judicial de hacer nombramientos cuando estaba en funciones, y pocos meses después aprobaron la reforma de esa misma ley, en el artículo 570 bis, para permitir que sí pudiera haber nombramientos, pero precisamente de los magistrados del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno, porque necesitan imperiosamente tener controlado el Tribunal Constitucional para que les sea la coartada perfecta de todas las infamias que estamos viendo, sus leyes de amnistía y sus pactos inconstitucionales. (Aplausos).»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.