«Sabemos de la existencia de iniciativas legislativas en otros ordenamientos, algunas de ellas con muchos años de vigencia como la Freedom of Information Act de los Estados Unidos de 1967, iniciativas recientes de desclasificación en Francia en 2015 o en Italia en 2016, en relación con documentos sobre a la Segunda Guerra Mundial, y también conocemos nuestra jurisprudencia recaída con ocasión del llamado caso de los papeles del CSIC. Pero la intención política de esta reforma legislativa exige que sea repelida de plano para que no se incorporen a nuestro ordenamiento normas que obedecen a propósitos moralmente ilícitos. Aquí no cabe que prevalezca el derecho -aunque lo sea- sobre la moral. No es posible. Del mismo modo que el Consejo de Estado, cuando dictaminó entonces sobre aquel asunto en relación con el Cesid, dijo que había tensión entre la justicia y la seguridad, yo digo que aquí hay tensión entre la justicia y la moral. Y, por lo tanto, no podemos caer en un positivismo inaceptable para despreciar la moral.»

Fragmento 5 de 6 de esta intervención.