«Y aquí, señoras y señores diputados, sí quisiera detenerme un momento, porque al final va a resultar que somos precisamente los y las independentistas quienes controlamos el Poder Judicial español, aquellos que fuimos condenados por esos mismos jueces a más de cien años de prisión por celebrar un referéndum. Qué manera más extremadamente curiosa de manipular esa que acababa dejándote un país con decenas de presos políticos y exiliados. De hecho, señoras y señores diputados, si no estuviéramos hablando de vulneraciones tan graves de los derechos humanos, este párrafo de VOX realmente haría reír. Es lo que podríamos catalogar como chiste malo. Pasemos a la segunda idea, la que dice que el funcionamiento plenamente democrático del Poder Judicial español está más que asegurado por la propia aplicación de la ley. Pues ¿qué quieren que les diga? Cuando veo el papel que tuvo el Poder Judicial español durante la Transición, pienso que no están para presumir precisamente de valores democráticos. Y cuando veo que en la última década el 94 % de los jueces opositores han sido mantenidos por sus familias y el 90 % no han tenido ninguna beca ni ayuda pública durante toda la oposición, pienso que no es un sistema que garantice precisamente la igualdad de oportunidades. Cuando veo que la presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se escandaliza con el hecho de que los jueces españoles se manifiesten contra el proyecto de ley de amnistía -que todavía no es ley, vale la pena destacarlo-, pienso que quizá deberían taparse un poquitín las vergüenzas democráticas. Cuando veo que el señor Manuel García-Castellón rebaja la fianza de Ignacio González, predecesor de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, en una investigación por corrupción; que archiva investigaciones con pruebas más que evidentes contra Juan Carlos de Borbón; que no tiene ninguna manía a la hora de presumir públicamente de haber mentido a los magistrados de la República Francesa en el marco de investigaciones judiciales conjuntas; que retuerce la realidad del proceso independentista catalán para conseguir hacer creer que hubo violencia y terrorismo en un movimiento cívico, un movimiento pacífico a favor de la liberación de Cataluña; cuando toca todos los resortes para conseguir la extradición de Marta Rovira y los tribunales suizos se niegan una y otra vez porque las intenciones políticas de García-Castellón se ven desde una distancia de 1000 kilómetros, cuando veo todo esto del juez de confianza del Partido Popular, pienso que hace falta mucha cara dura o mucha vergüenza para seguir hablando de la independencia judicial de personajes como este.»

Fragmento 6 de 7 de esta intervención.