«El segundo problema de nuestro campo es la política comercial de la Unión Europea, y aquí vivimos una paradoja: establecemos estándares de calidad altos, también niveles de supervisión altos y una buena cantidad de obligaciones que tienen que cumplir nuestros productores autóctonos y, acto seguido, establecemos tratados de libre comercio que permiten que quien no cumple estas obligaciones pueda entrar con sus productos al mercado europeo. Las organizaciones de agricultores han pedido una cosa que a nosotros no parece muy sensata: la paralización de las negociaciones de acuerdos como el Mercosur y la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda, además de la paralización de las negociaciones que se están llevando con Chile, Kenia, México, India y Australia. Yo creo que ustedes no deberían tener prisa; deberían contribuir a que la Unión Europea se parara a pensar cuál quiere que sea su destino, cómo quiere proteger a los productores autóctonos, cómo va a garantizar la soberanía alimentaria y cómo va a garantizar la supervivencia del campo europeo, y específicamente del campo español, porque lo que tenemos sobre la mesa no es libre comercio, ni mucho menos, es competencia desleal. Durante años, Occidente, utilizando la OMC y el GATT, ha dicho a las economías en desarrollo que no podían proteger a sus productores, que no podían hacer, en definitiva, lo que hizo Occidente para desarrollarse. Pues bien, gracias a esos fondos de inversión internacionales se han hecho con su producción y se han dedicado a competir a la baja, y más barato produce quien lo hace con peor calidad, quien paga peores salarios. Y hoy decimos que, una vez hecho esto, ya pueden entrar por la puerta de nuestro mercado para que se enfrenten con productos de baja calidad a los productores europeos. ¿Quién puede sobrevivir? Pues quien pague peores salarios, quien venda su explotación a los grandes propietarios, quien baje la calidad. ¿Quién gana? Pues lo tenemos muy claro: los fondos de inversión de los dos lados de la frontera, que al final son los que acaban controlando la producción. ¿Quién pierde? Los agricultores y el conjunto de la sociedad. Garanticemos, por tanto, señora ministra, que el comercio internacional se realiza en condiciones justas, que se mantienen los estándares de calidad y que ponemos la vida de las mayorías sociales por delante de los beneficios empresariales.»

Fragmento 5 de 7 de esta intervención.