«Señora presidenta, señorías, estoy seguro de que a lo largo de los últimos meses más de uno de ustedes se habrá topado en las redes sociales con alguno de esos contadores que algunos supuestos influencers mantienen para calcular cuántos días hace que el Consejo General del Poder Judicial debería haber sido renovado y, por lo tanto, cuánto tiempo hace que el Partido Popular lleva secuestrando la Constitución o violando su espíritu y hasta su letra. Y digo que seguro que no les habrá pasado desapercibido porque no hay debate en esta Cámara en la que los miembros del principal partido del Gobierno no reprochen a los dirigentes del principal partido de la oposición su supuesta negativa a dar una solución a este grave problema. De manera que apuesto a que algunas de sus señorías habrán desayunado esta mañana enterándose de que son 1911, ni uno más ni uno menos, los días que el órgano de gobierno de los jueces lleva en funciones. No sé si quienes se ocupan de llevar estas cuentas y avisar al Partido Socialista de las principales efemérides, como que los mil días se cumplieron en agosto de 2021 -ya les aviso yo que los dos mil días toca celebrarlos el 26 de mayo-, son desficaciats que actualizan ese calendario manualmente cada mañana mientras se toman el primer café, o no sé si existe algún tipo de aplicación que lo hace de manera automática. Confieso que mis conocimientos de informática son bastante más modestos que el historial de corrupción del Partido Socialista y mucho menos variado que el historial delictivo de los dirigentes del partido de la señora Belarra. (Aplausos). Lo que sí sé es que quienes sostienen que bastaría con el que Partido Popular levantara su veto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial para poner fin a la inaceptable violación que el artículo 122.3 de la Constitución lleva sufriendo desde el 5 de diciembre de 2018, se equivocan en los síntomas, se equivocan en el diagnóstico, se equivocan en el tratamiento y hasta se equivocan en la valoración de la gravedad de la que constituye la más llamativa, sí, pero ya se lo anticipo, no la más mortal, patología de nuestro sistema judicial. Yerran en la detección de los síntomas, porque los que comprometen la buena salud de nuestro Poder Judicial no datan de hace cinco años, sino de mucho tiempo atrás, como mínimo de cuando, a través de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985, el felipismo ensayó su primer asalto a las instituciones que aún le quedaban por controlar, y burlando la letra y pervirtiendo el espíritu que el constituyente había querido imbuir en el artículo 122 de nuestra carta magna determinó que la totalidad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos por las Cortes Generales privando a los jueces de la capacidad para elegir a sus propios pares. O, si mucho me apuran, cuando llegado el momento de aplicar las previsiones de esta ley en lo tocante a las mayorías requeridas para elegir el Consejo, socialistas y populares cayeron en la cuenta de que más sencillo que dar con veinte juristas de imparcialidad y prestigio incuestionables, aceptables para unos y aceptables para otros, era repartirse el pastel pactando nombramientos a través de un sencillo sistema de cuotas en el que el consenso y la calidad cediese ante el cálculo. Yerran en el diagnóstico, porque lo que más decisivamente ha lastrado la imagen de la justicia ante los ciudadanos no ha sido tanto la falta de acuerdo entre socialistas y populares durante esta última media década como, precisamente, lo contrario: el contubernio entre unos y otros durante las tres décadas y media anteriores, su propensión al chalaneo; al tiempo que el órgano de gobierno de la judicatura era sometido a un sostenido proceso de politización que, a su vez, ha provocado una importante pérdida del prestigio y de la confianza que este debería de inspirar a la sociedad; y, quizás peor, el gravísimo daño a la función de jueces y tribunales de tutelar los derechos y los intereses de las personas. Yerran en el tratamiento, porque lo que bloquea el normal funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial no es tanto la incapacidad de los dos grandes partidos para llegar a un acuerdo respecto a su renovación como la necesidad misma de ese acuerdo: que su renovación pase por el consenso entre los dos grandes partidos. No es la coyuntura política, es el marco legal sin cuya reforma estamos abocados a la cíclica repetición de bloqueos como este, que, como sus señorías recordarán perfectamente, no es el primero que se produce. Si hubo bloqueo con González y Aznar, si hubo bloqueo con Zapatero y con Rajoy, si hay bloqueo con Sánchez y con Feijóo, quizá el problema no sea que las agendas de González Pons y de Bolaños no coinciden, sino que el sistema sobre el cual se sostiene está rematadamente mal diseñado. (Aplausos). ¿No es ya hora de darnos cuenta de esa obviedad?»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.