«Yerran también en la valoración de la gravedad del problema, porque, sin cuestionar en modo alguno que esta inusitada tardanza en la renovación del Consejo constituye un atentado contra la Constitución y añade una dificultad más a las muchas que entorpecen el funcionamiento de nuestro sistema judicial, toca decir alto y claro que este no es el principal problema de la justicia. Mucho más grave es que en los bancos de Junts se esté perpetuamente imputando a honestos servidores públicos oscuras intencionalidades políticas. Mucho más grave es que en ese hostigamiento participen el Gobierno y los partidos que lo conforman. Mucho más grave es que, ante esos insultos, la única respuesta del Ejecutivo sea ese hipócrita gestito de repulsa con el que el señor Bolaños nos obsequia cada vez que sube a esta tribuna. Mucho más grave es que en este hostigamiento participe el propio Ejecutivo, privando de facultades al Consejo General del Poder Judicial. Y mucho más grave es que el propio Ejecutivo utilice el término deslegitimación del Consejo, como si la legitimidad democrática del Poder Judicial tuviera su origen en la imposición de pautas partidistas para la designación de jueces y magistrados, como si el Consejo General del Poder Judicial no estuviese ejerciendo -yo diría, con heroísmo- las funciones que la Constitución le atribuye, como si la defensa del Estado de derecho y de la independencia de la justicia y de los derechos de los españoles no estuviera siendo garantizada con el mismo celo por quienes están prorrogados en sus funciones que por cualesquiera otros jueces y magistrados.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.