«Para garantizar la independencia de la justicia, más que el cese del fiscal general del Estado o la modificación de la Ley Orgánica de 1985, podrían defender, al menos -empezando por ello-, cinco condiciones básicas para una justicia democrática. En primer lugar, la independencia de la judicatura, cuestionando, por ejemplo, los casos de intromisión por la puerta de atrás. Un primer paso, estarán de acuerdo. En segundo lugar, la exigencia de imparcialidad de los jueces cuando los casos afectan a las clases dominantes que mandan en este país. La limitación normativa y no la cultura de extralimitación que jueces como García-Castellón vienen practicando, con la consiguiente llamada de atención de la justicia europea. O la libertad de expresión, pero no el ataque a la división de poderes cuando se manifiestan los magistrados ante una norma no tramitada por el Poder Legislativo, movilizándose a destiempo y con una clara voluntad destituyente. Un proceso de selección y formación democrático para una competencia profesional sin sesgo machista o clasista, congruente con los valores que hoy defiende la mayoría de la sociedad española. Y, evidentemente, más medios humanos y materiales. De ello prácticamente nada ha hablado.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.