«No voy a explayarme, en esta parte que queda ya de mi intervención, en contar de nuevo la senda que planteamos, la conocen perfectamente. Lo que proponemos es un objetivo de déficit del 3 % del PIB para este año, del 2,7 % en 2025 y del 2,5 % en 2026. El mayor esfuerzo para alcanzar ese objetivo del 3 % lo realiza la Administración central, que se queda en el 2,7 % a cambio de flexibilizar la senda de comunidades autónomas y de entidades locales; un margen adicional que se une al incremento de los recursos procedentes del sistema de financiación. Han sido, en este apartado de recursos para administraciones territoriales, casi 20 000 millones de euros más -escuchen, 20 000 de euros más- que en 2023, un 15 % más de ingresos procedentes del sistema de financiación. En el caso de entidades locales, serán 27 885 millones, un 29,3 % más que los de 2023. (Aplausos). De esta manera, las administraciones territoriales más próximas a la vida cotidiana de los ciudadanos van a poder contar con mayor margen de maniobra, con más recursos, que podrán utilizar, si así lo deciden sus gobiernos, para mejorar servicios que son parte de sus competencias: la sanidad, la educación, la ayuda a la dependencia, la vivienda, que son fundamentalmente aquellos que pretenden la mejora del bienestar de los ciudadanos. Por ello, reitero que resulta incomprensible que el Partido Popular rechace estos objetivos que, insisto, son mejores que los que se contemplaban en el programa de estabilidad de abril para las comunidades autónomas y ayuntamientos donde gobiernan y que son los que entrarán en vigor si continúan con esa estrategia de bloqueo. Y voy a repetirlo las veces que haga falta: actuar en contra de los propios intereses de las comunidades autónomas donde se gobierna no tiene absolutamente ningún sentido, porque sería renunciar a mejorar los servicios públicos de los ciudadanos, algo totalmente incomprensible si las políticas públicas se orientan al interés general.»

Fragmento 7 de 11 de esta intervención.