«Señorías, las consecuencias de aquel regado millonario a fondos de inversión en paraísos fiscales fue 30 000 millones de euros de déficit tarifario, la práctica quiebra del sistema eléctrico, la ruina de 65 000 familias españolas y el pago a la factura eléctrica anual de 7000 millones de euros. Enhorabuena. Señorías, cuando el Partido Socialista les hable de justicia social o quieran aumentar los impuestos y saquear el bolsillo a los españoles piensen en Luxemburgo, en Malta o en Abu Dabi, que es donde únicamente ellos entienden su justicia mientras nos roban a través de tramas corruptas. Yo empiezo a estar seguro de que ya entienden por qué este Gobierno quiere llevar este tratado de forma furtiva. Señorías, intentarán confundirles, hablarán del impuesto al sol, que no existió según respuesta por escrito del Gobierno; les hablarán del éxito en energías renovables, cuando somos el país de Europa que más gas ruso quema; les hablarán del liderazgo en Europa, cuando la realidad es que solo nos ha servido para que se coloque Calviño y parece que también buscan la colocación de Teresa Ribera. Querrán señalar al Partido Popular por intentar apagar el fuego que Zapatero inició; o les hablarán de seguridad jurídica. Les voy a hablar yo de seguridad jurídica. Váyanse a la primera página del informe del Consejo de Estado que denuncia este Tratado de la Carta de la Energía. ¿Quién lo firma? Magdalena Valerio, una presidenta cuyo nombramiento ha sido anulado por el Tribunal Supremo porque, como todo lo que hace este Gobierno, no está al servicio del interés general, sino que está al servicio del interés particular. Y el reconocido prestigio de Magdalena Valerio es como el reconocido prestigio de este Gobierno, inexistente. Un Gobierno que no respeta la separación de poderes y ataca a fiscales y jueces, que señala a medios y periodistas por hacer su trabajo, que sigue negociando una amnistía que dinamita la esencia de la democracia española y europea a cambio no de una legislatura ya estéril, sino al servicio de los peores y contra cualquier seguridad jurídica.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.