«Gracias, presidenta. Señorías, la emergencia climática es el reto más complejo y urgente al que nos enfrentamos como humanidad. Me parece que todas las diputadas y diputados de esta Cámara deberíamos tener presente este hecho, tenerlo presente cada vez que nos reunimos en este hemiciclo o en Comisión para debatir y adoptar no solo políticas climáticas, sino también políticas económicas, políticas sociales, políticas de salud, porque el cambio climático lo atraviesa todo. Por tanto, es necesario poner la política al servicio de este reto mayúsculo y establecer, por un lado, todos los mecanismos necesarios para planificar y articular una transición verde justa y, por otro, acabar con aquellos instrumentos que no nos permiten avanzar hacia ese objetivo último de neutralidad climática. El Tratado de la Carta de la Energía es un instrumento que no nos permite avanzar, y así lo dice la comunidad científica. Lo dice el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC de Naciones Unidas, que lo considera un grave obstáculo para luchar contra el cambio climático y -cito textualmente-: puede dar lugar a un enfriamiento normativo que puede llevar a muchos países a abstenerse de adoptar políticas de mitigación, como la eliminación progresiva de los combustibles fósiles o retrasar su adopción. Son muchas las empresas de la industria fósil que denuncian a los Estados miembros de este tratado utilizando el mecanismo de resolución de controversias inversión-Estado, un sistema judicial privado que, por cierto, la Unión Europea ya no incorpora en ninguno de sus tratados internacionales. Europa ha corregido este despropósito también gracias a la movilización y presión de muchas entidades sociales de todo el mundo; se merece especial atención y mención la campaña contra el TTIP. (Aplausos). Este tribunal privado permite a los inversores y multinacionales energéticas demandar a los Estados y reclamar compensaciones millonarias por cualquier medida emprendida por el Gobierno que perjudique a sus intereses económicos. Dicho de otro modo, es un mecanismo que pone los intereses privados por encima de los intereses de la ciudadanía; antepone seguir quemando combustibles fósiles a las políticas públicas acordadas dentro del juego de la democracia. Este tratado, negociado en los años noventa para mejorar las inversiones occidentales en el antiguo bloque soviético, ha provocado que desde 1998, año en el que España lo ratificó, haya sido condenado al pago de más de 1000 millones de euros -aunque se reclaman más de 10 000 millones-, fruto de cincuenta y un arbitrajes interpuestos. Debemos elegir: o las arcas del Estado al servicio de las multinacionales o las arcas del Estado al servicio de políticas de transición energética, rehabilitación climática, electrificación de la movilidad o refugios climáticos.»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.