«El principal problema que despliega este tratado es que establece un sistema de garantías para los inversores extranjeros en España que, básicamente, es un tratado bilateral de protección de inversores. Es decir, si un fondo extranjero invierte en España, tiene derecho a acogerse en un hipotético litigio a un arbitraje administrado por el CIADI, que es el centro internacional para la resolución de disputas. Los españoles que invirtiesen en esos mismos productos energéticos no tendrían derecho a acogerse a esos arbitrajes internacionales; tendrían que ir, por el contrario, a la jurisdicción contencioso-administrativa, que ya sabemos -de hecho, ha sucedido- que siempre -o casi siempre- da la razón a la Administración pública. En el año 2007, el Gobierno aprueba una retribución especial para quien invierta en España en energías renovables, una retribución que estaba totalmente fuera de mercado y que hace de la inversión en energías renovables algo sumamente atractivo. Y gobernaba el Partido Socialista. Lo que sucede es que una gran cantidad de inversores nacionales y extranjeros comienzan, efectivamente, a invertir en energías renovables en España, pero con esta prima que el señor Zapatero había garantizado la retribución que se empieza a pagar supone para España un gravísimo déficit en tarifa. De ahí viene el famoso déficit de tarifa, que, básicamente, todos los consumidores eléctricos en España empiezan a tener que pagar a aquellos inversores que se habían acogido a las promesas del señor Zapatero. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.