«En el año 2010, aunque se apruebe en el año 2011, el señor Zapatero recoge cable. Ve que aquello no había forma de pagarlo, ve que la tarifa española se estaba encareciendo de forma desmedida para retribuir conforme a las promesas que él había hecho a aquellos inversores en energías renovables, y ahí se aprueba ese primer recorte a las renovables. Y, claro, algunos de los inversores, tanto nacionales como extranjeros, tratan de reclamar por este recorte. Los inversores nacionales se van a la jurisdicción contencioso-administrativa, donde les dicen, fundamentalmente, que se vayan a sus casas, que ahí no hay nada que pedir. Los inversores extranjeros, sin embargo, amparándose en el Tratado sobre la Carta de la Energía, acuden al centro internacional para la resolución de disputas, al CIADI, y empiezan a surgir los primeros laudos de inversión, aunque llegan muchos años después. Tanto es así, que los tres primeros laudos de inversión que condenan a España lo hacen basándose solo en el primer recorte de Zapatero. Llega el año 2012 y hay un segundo recorte, en este caso aprobado por Rajoy, porque, efectivamente, la situación era insostenible. Y a partir de ahí, el chorreo de laudos y de demandas contra España por el incumplimiento de sus obligaciones, de las promesas del señor Zapatero, es incesante. A los nacionales se les desestiman las reclamaciones; a los extranjeros, por el contrario, se les estiman. Tanto es así, que, hoy en día, hay laudos, es decir, sentencias internacionales dictadas, que condenan a España por importe de 1000 millones de euros. Pero es que hay otros tantos casos, que están vistos ya para sentencia, cuya cuantía asciende a 9000 millones de euros; y lo más previsible es que también condenen a España. En definitiva, una contingencia de 10 000 millones de euros contra el Reino de España por culpa de las promesas que el señor Zapatero firmó, que primero recortó y que después el Gobierno de Rajoy terminó de recortar.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.