«Muchas gracias, señora presidenta. Esta toma en consideración de una Proposición de ley para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica de Demarcación y Planta Judicial que se trae desde la Asamblea de Madrid para su aprobación en este Pleno del Congreso de los Diputados y que viene con las enmiendas propuestas por VOX y que ha defendido brillantemente nuestra compañera Isabel Pérez Moñino-Aranda, a la que agradezco su trabajo en esta proposición (aplausos), es una loable intención, aunque, como podré exponer, no tendrá valor en sí misma si no entra dentro de una reforma completa del sistema judicial. Es decir, es una proposición absolutamente necesaria y conveniente, pero resultará insuficiente y poco eficaz si no entra dentro, repito, de una reforma completa del sistema judicial español. Porque el objetivo es loable, nada menos que alejar a los partidos políticos de las comunidades autónomas de la selección, proposición de candidatos para formar parte de las salas de lo Civil y lo Penal de los tribunales superiores de Justicia. El sistema actual permite a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas proponer uno de cada tres; proponer mediante una terna para que luego sea el Consejo General del Poder Judicial el que elija uno de esos magistrados. Esta proposición viene a reformar unos artículos que lo que, en definitiva, buscaban era asegurarse de que cuando hubiera aforados de las comunidades autónomas que pudieran ser enjuiciados, en cierta manera tener controladas esas salas de lo Civil y lo Penal del Tribunal Supremo. ¿Qué se propone? Que la totalidad de los miembros que forman parte de los tribunales superiores de Justicia sean elegidos directamente por el Consejo General del Poder Judicial sin candidatos propuestos por las asambleas legislativas. Además, se cambia el sistema aquel de que los propuestos tenían que ser, según la ley actual, juristas de reconocido prestigio. Y aquí es donde algunos nos preguntamos, vistos lo casos, si son de reconocido desprestigio o de conocido prestigio, porque al final vemos casos como el de Magdalena Valerio, que fue claramente rechazada por la Sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo porque no cumplía los estándares mínimos para ser reconocida como jurista de reconocido prestigio para formar parte de la Presidencia del Consejo de Estado. ¿Qué se propone? Que sean magistrados de carrera, con diez años de servicios y conforme al escalafón; es decir, que los mejores, según mérito y excelencia, sean quienes formen parte de las salas de lo Civil y lo Penal. (Aplausos). Y esto no es otra cosa que lo que dice nuestra Constitución en su artículo 117, que los jueces y magistrados solo deben estar sometidos al imperio de la ley, únicamente y nada más. Y, además, nos dice el artículo 122.2 de la Constitución que es ese Consejo General del Poder Judicial el que debe preservar su independencia. Desgraciadamente, como pudimos decir desde esta tribuna hace pocos días, esto solo se cumplió hasta 1980. Porque en 1985 el Partido Socialista decidió meter las manazas dentro del Consejo General del Poder Judicial y el Partido Popular lo mantuvo tal y como estaba, a pesar de tener mayoría. (Aplausos).»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.