«Tres meses después de esa recusación, el señor López también se negó a apartarse de otra causa del Partido Popular, como tienen tantas, en este caso el de la caja B, y se le vuelve a recusar. En aquel entonces dijo: Que los acusados de este procedimiento y los partícipes a título lucrativo puedan resultar condenados o absueltos me es absolutamente indiferente. Ese mismo año, siendo juez de la Audiencia Nacional, López puso en contacto a dos personas, un empresario amigo de Bárcenas y el abogado que representaba al Partido Popular, pero no se interesó en saber ni cuándo iban a hablar, ni por qué iban a hablar, ni de qué iban a hablar. Simplemente, me limité a presentar a dos conocidos, dijo siendo consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Y con esto vienen ustedes de la Asamblea de Madrid como el paradigma de la defensa de la independencia judicial del PP, de la separación de poderes y de la autonomía del Consejo General del Poder Judicial para decidir su composición. Y todo esto recién iniciado, como bien ha dicho mi compañera de SUMAR, el juicio por supuestas irregularidades en el campus de la justicia; un proyecto faraónico de Esperanza Aguirre, a la que solo le salían ranas -¿se acuerdan ustedes?- y que ahora lo retoma el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a la que solamente le salen familiares: padres, hermanos, parejas... (Aplausos). Ahora entiendo perfectamente la defensa cerrada y encarnizada que hacen ustedes de la familia. Les entiendo. Ese campus en Madrid nos ha dejado un erial absoluto en Valdebebas con un solo edificio y una petición de ocho años de cárcel al exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y exconsejero de Justicia de la comunidad, Alfredo Prada, y seis años para otras cinco personas que también están encausadas en este proyecto. Uno de ellos es Andrés Gómez, director de seguridad del recinto, que también está procesado por el caso Kitchen, porque con ustedes todo acaba confluyendo.»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.