«Gracias, señora presidenta. Señoría, la universidad pública en España ha sido muy maltratada. Ha pasado por una larga etapa de recortes, de tasas de reposición cero y de restricción para la contratación de su profesorado. Hablamos muy concretamente de la etapa 2011-2015, donde prácticamente desaparecieron y se amortizaron todas las plazas de los jubilados, pero también de los años siguientes, los años protagonizados por el Gobierno del Partido Popular con su receta de la austeridad y de los recortes. Todo aquello hizo que las universidades no pudieran sacar ofertas públicas de empleo para la contratación de su personal docente e investigador y se utilizaran de manera masiva figuras que no están pensadas para ello, como la del profesor sustituto o la del profesor asociado. Eso hace que la fotografía sea distinta en las comunidades autónomas. Por ejemplo, hoy en día hay 3900 profesores sustitutos, Andalucía cuenta con 2400 y el País Vasco con 700. Como digo, esta es la fotografía del presente, heredera de un pasado de recortes. La ley lo que quiere es dibujar un futuro mejor. Ese es el consenso que nos hemos dado aquí en esta Cámara: tratar mejor a los profesores, contratarlos de manera adecuada garantizando sus derechos. Soy consciente, señoría, de que la aplicación de la LOSU ha generado circunstancias que son temporales, pero todos aspiramos a que esos profesores y esas profesoras estén adecuadamente contratados en nuestras universidades. Desde luego, sabe que puede contar con nosotros -lo saben la rectora del País Vasco y el resto de rectores- para buscar soluciones circunstanciales, pero sobre todo la solución final para estos profesores, que es reconocer con justicia sus derechos. Muchas gracias. (Aplausos).»