«Segunda cuestión, señor Figaredo. Creo que es muy importante decir, para todo el que nos escuche, que los contratos del caso que usted cita fueron legales y que los procedimientos fueron correctos. Esto hay que repetirlo, porque, claro, el juez no duda del comportamiento de los servidores públicos; eso no está en cuestión en la investigación. Aquí lo que está en cuestión es si efectivamente algunas personas cercanas a esos entornos hicieron un negocio a costa de esto de forma ilícita, irregular o no acorde con ningún tipo de ética ni de comportamiento. Me gustaría que estas cuestiones también se tuvieran en cuenta. No es lo mismo que un contrato se amañe para que otros se enriquezcan que los contratos sean legales y haya personas en el entorno que se hayan enriquecido. No es lo mismo (aplausos) tanto en el Gobierno de España como en el Gobierno de Canarias o en el Gobierno de Baleares; nadie duda. Es más, los contratos han sido auditados y fiscalizados por todos los organismos independientes y han sido auditados de conformidad. Por tanto, hay que saber que esta situación que han protagonizado las distintas administraciones -al menos en lo que conocemos de la investigación, señor Figaredo- no tiene tacha por parte del juez. El juez no imputa, no investiga a los responsables públicos, investiga a aquellos que realmente entiende que han protagonizado comportamientos ilícitos o que se han enriquecido de forma irregular.»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.