«Por tanto, señor Figaredo, la corrupción es una lacra que, por desgracia, puede afectar a todos los partidos políticos y la cuestión fundamental, en mi opinión, es cómo se reacciona ante el conocimiento de un caso de corrupción. Porque corrupción hay de muchos tipos; de hecho, en estas sesiones vemos cómo se mezclan determinadas cuestiones. Yo le quiero decir, señor Figaredo, que la corrupción política es la que me parece más deleznable, porque involucra a personas que ejercen una posición por mandato de las urnas o en puestos de confianza, por ser cargos públicos, y que traicionan esa confianza de los ciudadanos o del resto de sus compañeros. También es corrupción -lo compartirá, señor Figaredo- el fraude fiscal, y, por tanto, aquellos que eluden o directamente engañan respecto a sus obligaciones fiscales. Pero ahora quiero entrar en el caso que presuntamente usted ha querido traer a esta sesión de control, el caso Koldo. Señoría, aquí hay dos cuestiones que son distintas, aunque ustedes quieran vincularlas. Como les decía, en aquellos días, los funcionarios, con un trabajo ejemplar, estuvieron buscando material sanitario hasta debajo de las piedras, da igual el color de la Administración a la que estuvieran sirviendo. Por otro lado, está la gestión, la contratación por la vía de emergencia que se desarrolló durante la pandemia, y, por decirlo de forma clara, la investigación que se está llevando a cabo para ver si hubo personas que se aprovecharon de aquel terrible momento. Por tanto, señoría, los procedimientos que la Administración General del Estado y que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista desarrollaron, lo vuelvo a repetir, fueron correctas. Esto no se puede obviar, porque no es lo mismo un caso de corrupción en donde participan personas que lo que hacen es encarecer los contratos públicos o directamente adjudicar en diferencia de competencia a una empresa que los casos de corrupción que conocemos del Partido Popular o de otras administraciones donde directamente lo que se hace es, además, provocar un menoscabo o una afectación en los intereses económicos de la población general a través del encarecimiento de los precios o de un menor ingreso en la Hacienda pública.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.