«Es relevante también en la propia respuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que hemos recibido hace muy poquito, unos pocos días, nos dicen que está en proceso de revisión en profundidad de los protocolos, pero eso, que se estén revisando los protocolos, que además entendemos que no se están aplicando como correspondería, no puede obviar que en momentos precisos se adopten precisiones con la máxima celeridad que impidan la violencia del acoso contra las mujeres. Porque no hablamos de procedimientos administrativos que puedan acabar en repercusiones de tipo económico, sino que se trata de procesos que ponen en riesgo las vidas de estas mujeres, como ha sido el caso, desgraciadamente. En cualquier caso, esto ha hecho que, por una parte, no se acepten las denuncias, y si se aceptan, no responden; por lo tanto, silencio administrativo. El trámite judicial solapa lo que es el propio trámite administrativo, es decir, cuando, a raíz de una de estas denuncias se abre una investigación judicial, el proceso se para hasta que el proceso judicial finaliza. Eso hace que las actuaciones que tienen que adoptarse rápidamente no se adopten, porque están a la espera. Además, usted, que entiende de violencia machista, sabe que a ello se le suma que muchas víctimas no quieren testificar ante la Fiscalía porque tienen miedo a las represalias, porque tienen miedo a las consecuencias que eso pueda tener a nivel laboral. Así que, aquí lo que se está cometiendo es un error, porque el Ministerio de Ciencia está interpretando que cuando se cierra la vía penal también se cierra la vía administrativa, y entonces se deja sin sanción. Tanto el ministerio como el CSIC dicen que sí se retoma el expediente administrativo, pero, por los datos que tenemos, eso no es cierto, y contradice los datos estadísticos de casos y sanciones que hemos mencionado anteriormente.»

Fragmento 8 de 12 de esta intervención.