«El Gobierno vasco constituyó una fundación privada y volvió a impartir ese grado superior en esta comunidad. Como la fundación no tenía el mismo tipo de contratación que los organismos públicos, muchas personas no pudieron acceder a impartir docencia en este centro y todas lo llevaron ante los tribunales del País Vasco. El propio Tribunal Vasco de Cuentas Públicas señaló en un informe las ilegalidades cometidas en su constitución. Estos problemas aún no han sido resueltos y el centro se financia con las subvenciones del Gobierno vasco, convirtiéndolo en una fundación privada de financiación pública. Con esto no queremos señalar que el resultado final haya sido ningún desastre ni que haya sido malo. Al no haber tenido que ceñirse a las condiciones de contratación pública, se ha podido seleccionar un profesorado bastante competente y esta escuela tiene muy buena reputación. Sin embargo, todos estos problemas que les hemos comentado, todos estos tribunales llenos de gente litigando por plazas en estos centros, se van a replicar en toda España y vamos a tener los mismos problemas que ustedes ya han provocado con otra serie de leyes que se han tramitado aquí. Pensamos que ustedes deberían aprender algo de los errores que han cometido previamente. Pensábamos también que el resultado de la catástrofe que ya han provocado con la contratación de profesores en la FP los habría llevado a ser un poco más prudentes a la hora de tramitar una ley, pero no han aprendido nada de esa tramitación. Aquí también van a provocar unos graves problemas laborales.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.